El objetivo es adaptar la normativa nacional a las excepcionales circunstancias vividas por estos sectores derivadas de la pandemia producida por la COVID-19.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 10 de junio, la normativa por la que se modifican distintos reales decretos que establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en el sector de las frutas y hortalizas y del vino, a fin de adaptar la normativa nacional a las excepcionales circunstancias vividas por estos sectores derivadas de la pandemia producida por la COVID-19.
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Estas modificaciones afectan al real decreto 532/2017, por el que se regula el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas; al 1179/2018, por el que se regulan los fondos y programas operativos de estas mismas organizaciones de productores; al 1338/2018 por el que se regula el potencial productivo vitícola, y al 1363/2018 para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (PASVE).
Ayudas a través de organizaciones de productores
En el régimen de ayudas al sector de frutas y hortalizas a través de organizaciones de productores que llevan a cabo programas operativos, las modificaciones más destacables son:
- La flexibilización durante 2020 de los controles de reconocimiento de las organizaciones de productores hortofrutícolas y la introducción de la posibilidad de diferir determinadas comunicaciones de información.
- La posibilidad de delegar en órganos más dinámicos de cada organización de productores, la toma de decisiones sobre los programas operativos permitiendo modificaciones más ágiles de estos y mayor flexibilidad a la hora de ejecutar los programas operativos.
Potenical productivo vitícola
En el régimen de autorizaciones de viñedo, las modificaciones introducidas evitarán que los viticultores y titulares de autorizaciones de viñedo vean mermados sus derechos, tras haberse visto abocados a inevitables retrasos en los procedimientos de autorización y haberse enfrentado a dificultades para realizar las labores del cultivo del viñedo.
Con esta modificación de la normativa de potencial productivo vitícola se retrasan algunos plazos del procedimiento de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones.
Así, se aplaza hasta el 4 de mayo de 2021 la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y replantación que vencen en 2020 y el vencimiento de los arranques comprometidos en autorizaciones de replantación anticipada que caducan en 2020; se amplía en una campaña más la vigencia de los derechos de replantación y las autorizaciones de conversiones de derechos que caducan en la campaña 2019/2020; y se da la posibilidad a las comunidades autónomas de realizar los controles sobre el terreno de los arranques con posterioridad a la notificación de la resolución de arranque.
Programa de apoyo al sector vitivinícola
En lo que respecta al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, los cambios establecidos afectan a las medidas de promoción en terceros países, restructuración y reconversión de viñedo e inversiones. Además, resuelven los problemas existentes para la ejecución de las operaciones y proyectos en curso, que finalizan en el ejercicio financiero 2020, y se han visto paralizados o afectados por el periodo de alarma.
Mediante la inclusión de la fuerza mayor, se aporta más seguridad jurídica a las entidades gestoras de las diferentes medidas a la hora de resolver expedientes, además de facilitar el acceso a la ayuda a los beneficiarios, y la flexibilización de determinados procedimientos y plazos consecuencia de la actividad paralizada por el estado de alarma.
Además, el texto legislativo aprobado, incluye modificaciones de tipo técnico para contribuir a equilibrar la oferta y la demanda de algunos productos, así como adaptar determinadas inversiones de los programas operativos a la evolución del sector hortofrutícola.
Las ayudas recibidas por el sector hortofrutícola, en virtud de los textos modificados, superan los 250 millones de euros anuales y los 210 millones de euros al año en el caso del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.
