La decisión que adopte el Parlamento europeo será determinante para el futuro del sector arrocero europeo y para evitar una creciente dependencia de terceros países en un producto estratégico para la seguridad alimentaria.
A las puertas de la votación definitiva del Reglamento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) prevista para mañana en el Parlamento Europeo, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha pedido a los eurodiputados españoles que respalden las enmiendas destinadas a reforzar la protección del sector arrocero europeo frente al aumento de importaciones sin aranceles.
Cooperativas Agro-alimentarias de España advierte que la Unión Europea no puede permanecer pasiva ante la tendencia internacional, los principales países productores están adoptando medidas para proteger sus mercados internos frente al aumento de las importaciones. Estados Unidos ha alertado recientemente del impacto de las prácticas comerciales desleales, Marruecos ha iniciado una investigación de salvaguardia y Filipinas está activando medidas de protección ante las entradas de arroz.
Tal y como ha señalado el presidente del sector, Félix Liviano, “estamos ante un cambio de escenario a nivel mundial: incluso los países más competitivos están reaccionando para proteger a sus productores. Europa no puede permitirse esperar”.
España, segundo productor de arroz de la UE con cerca de 465.000 toneladas en la última campaña, cuenta con un sector estratégico para el equilibrio territorial. En muchas zonas productoras, el cultivo del arroz no tiene alternativa viable y desempeña un papel esencial en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, contribuyendo además a la conservación de humedales de alto valor ecológico.
Sin embargo, la situación actual es crítica. En la campaña 2024/2025, la Unión Europea importó 1.727 millones de toneladas de arroz, una cifra superior a su propia producción. Como consecuencia, la autosuficiencia europea ha caído del 75% en 2011/2012 al 40% en la actualidad.
Estas importaciones, procedentes principalmente de países como Camboya y Myanmar, acceden al mercado comunitario libres de aranceles y a precios muy inferiores a los costes de producción europeos, bajo condiciones productivas y normativas menos exigentes. Esta situación está generando una fuerte presión sobre los precios y comprometiendo la viabilidad de las explotaciones arroceras.
Aunque Cooperativas Agro-alimentarias de España valora positivamente la inclusión de una cláusula de salvaguardia automática en el nuevo marco del SPG, considera que su diseño actual resulta insuficiente. En particular, alerta de que los umbrales de activación previstos son demasiado elevados, lo que impediría una respuesta eficaz ante situaciones de desequilibrio del mercado.
“La situación del arroz europeo es insostenible. Sin herramientas eficaces que permitan actuar a tiempo frente al incremento de importaciones, se pone en riesgo no solo la rentabilidad de los productores, sino también el equilibrio de los territorios rurales y ecosistemas asociados a este cultivo”, señala Félix Liviano.
El sector insiste que el objetivo no es limitar el comercio internacional, sino garantizar unas condiciones de competencia justas que permitan la continuidad de la producción europea, el mantenimiento del empleo rural y la preservación de sistemas productivos sostenibles y de alta calidad.
Por último, el sector arrocero alerta de que la presión sobre el mercado podría intensificarse en los próximos años como consecuencia de nuevos acuerdos comerciales internacionales.
