Ante la revisión de aranceles de EEUU, el sector olivarero español, y el extremeño en particular, necesita un apoyo político urgente y firme para que las miles de familias que viven del olivar tengan un futuro.
Extremadura es la segunda región productora de aceituna de mesa en España, siendo Andalucía la principal, y tercera en producción de aceite de oliva, por detrás de Andalucía y Castilla La Mancha. Así hemos conseguido posicionar a nuestro país como claro líder mundial en producción y comercialización de dos de nuestros alimentos más emblemáticos, más identificables con nuestra cultura y más sanos: el aceite de oliva y la aceituna de mesa.
Todo un logro fruto del trabajo y sacrificio de uno de los sectores, el olivarero, con mayor importancia social, económica y ambiental de nuestro país, que ha apostado firmemente por asegurar e incrementar progresivamente la calidad de sus producciones, que ha mejorado su eficiencia para ganar competitividad en los mercados, y que gracias también a las importantes inversiones que ha realizado, ha conseguido estar presente en todos los rincones del mundo.
Uno de esos “rincones” es Estados Unidos (EE.UU.), nuestro principal mercado fuera de la Unión Europea (UE). Un país con más de 300 millones de habitantes, con una población cada vez más sensibilizada hacia hábitos de vida y una alimentación más saludable, donde los productos vinculados con la dieta mediterránea, y, en particular, los originarios de España, han ido ocupando progresivamente un mayor espacio en los hogares de los consumidores.
Desde 2018 asistimos a graves conflictos comerciales entre EE.UU. y UE, que han dado al traste con todo el esfuerzo y trabajo realizado por el sector olivarero español para ser como es líder absoluto en el mercado estadounidense.
Primero fueron los aranceles a la aceituna negra española, de un 35% ni más ni menos, que debilitaron muchísimo al sector al reducir de forma sustancial su cuota de mercado en favor de otros países, lo que supuso la pérdida de la mitad del mercado de EEUU y sin que hubiera ningún tipo de apoyo económico al sector. Todo se agravó el año pasado cuando, a raíz de un litigio entre la compañía aeronáutica estadounidense Boeing y la europea Airbus (consorcio de fabricantes procedentes de cuatro estados miembro de la Unión Europea entre los que se encuentra España, con una participación del 5%), la Organización Mundial de Comercio (OCM) determinó que las ayudas percibidas durante años por la segunda no se enmarcan dentro de las normas de comercio internacional, dando luz verde a EEUU para que aplicara represalias a Europa por el daño causado, lo que hizo aplicando aranceles.
La frustración es ya mayúscula, el aceite de oliva envasado y la aceituna verde y semiprocesada origen España son, en esta ocasión, dos de los sectores más perjudicados, soportando desde el pasado mes de octubre unos gravámenes adicionales que esta vez se sitúan en el 25%. El sector agroalimentario pagaba así, de forma incomprensible, los platos rotos de un conflicto aeronáutico y sin recibir, una vez más, ningún apoyo económico compensatorio.
Las consecuencias han sido dramáticas: hemos perdido competitividad, se han deslocalizado empresas, se han incrementado las importaciones en España y se han hundido unos precios en origen que dejan al sector olivarero en peligro de extinción.
Lo peor de todo es que ese peligro será una realidad ante lo que nos enfrentamos ahora: una nueva revisión arancelaria por parte de EEUU, en la que su gobierno podría aumentar los aranceles hasta el 100% del valor del producto en el caso del sector olivarero español, porque una vez más es sólo el español el que está en el punto de mira.
El sector olivarero español, y el extremeño en particular, no se merece nada de esto y necesita un apoyo político urgente y firme para que las miles de familias que viven del olivar tengan un futuro.
Ese apoyo no puede ser meras palabras, sino actuaciones concretas y desde Cooperativas Agro-alimentarias pedimos al Gobierno de España que regularice sus ayudas a Airbus y que lleve a cabo una actuación política contundente intensificando las relaciones bilaterales con EEUU y, en caso de que no prosperen, con la UE para que ejecute también un plan de represalias e imponga aranceles a los productos estadounidenses.
Porque el sector olivarero tiene importancia capital en nuestro sector agroalimentario y, por eso, debe contar con el respaldo de su Gobierno, quien debe articular inmediatamente medidas compensatorias para garantizar su supervivencia mientras no exista una solución clara a este conflicto. El empleo que genera el sector del olivar principalmente en las zonas rurales, su aportación a la economía y su valor medioambiental, son razones más que suficientes para apoyarlo de forma contundente.
